NÚMERO 322 ABRIL 8 DE 2015 (MIÉRCOLES)
Director
Bernardo A. Rendon Restrepo
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Editora y Asesora
Alba Hoyos Botero
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Galardonados con la
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PROCURADOR ALEJANDRO
ORDÓÑEZ PUBLICA LAS 45 PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO DE PAZ QUE NO HAN SIDO
RESPONDIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
BOLETÍN 313
FUENTE: PGN
FECHA PUBLICACIÓN: MIÉRCOLES, 8 ABRIL 2015 05:53 AM
·
Ante las nuevas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos Calderón, en
las que califica como “ataques mentirosos al proceso de paz” las inquietudes
planteadas por la Procuraduría, el jefe del Ministerio Público da a conocer a
la opinión pública las preguntas presentadas al jefe de Estado el pasado 13 de
marzo.
·
¿Qué garantías exigirá el Gobierno Nacional para impedir el proselitismo armado
de las FARC para las elecciones de octubre de 2015? ¿Se compromete el Gobierno
a que existan penas de cárcel efectivas para los crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra, genocidio y graves violaciones a los Derechos Humanos?
¿Considera el Gobierno que los responsables de esos crímenes atroces pueden ser
sancionados solo con trabajo social y pedidas de excusas públicas?, algunas de
las inquietudes planteadas en el documento.
Preocupado por el silencio del señor
presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, ante reiteradas
inquietudes institucionales formuladas frente al desarrollo de los diálogos de
paz, y nuevamente sorprendido por señalamientos del jefe de Estado a través de
los medios de comunicación, el procurador general de la Nación, Alejandro
Ordóñez Maldonado, se permite señalar que:
I. FRENTE A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
1. En octubre de 2014 y ante hechos conocidos
por la opinión pública, el jefe del Ministerio Público pidió al Gobierno Nacional explicar al
país el estatus jurídico del cabecilla de la organización terrorista FARC
Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, quien presuntamente fue
conducido a La Habana (Cuba) y protegido por el Estado colombiano pese a tener
vigentes órdenes de captura y reiteradas decisiones judiciales ejecutoriadas.
Ni el señor presidente de la República ni funcionario alguno del Gobierno
Nacional ofrecieron precisiones al respecto. Solo el doctor Santos Calderón, en
su momento, calificó de “improcedentes” las inquietudes del Ministerio Público,
pero no respondió de forma clara y precisa los interrogantes.
2. Han pasado 15 días hábiles desde la
reunión sostenida por el procurador general con el señor presidente de la
República en la Casa de Nariño (13 de marzo). En dicho encuentro, el jefe del
Ministerio Público entregó al jefe de Estado un documento con 45 inquietudes planteadas
desde la Procuraduría frente al proceso de paz. El primer mandatario de los
colombianos no ha dado respuesta a los interrogantes y sin embargo, en
entrevista radial el día de ayer, calificó nuevamente como “ataques mentirosos
al proceso de paz” las labores y preguntas del procurador y de la Procuraduría
General de la Nación.
3. Hasta hoy, el procurador Alejandro Ordóñez
atendió la solicitud que en dicha reunión le hizo el Gobierno Nacional de no
dar a conocer a la opinión pública las 45 inquietudes institucionales frente al
proceso de paz.
Frente a lo anterior y reiterando la
invitación al presidente de la República a resolver las cuestiones que generan
duda, incertidumbre, confusión o perplejidad en la opinión pública; así como la
obligación constitucional y legal del jefe de Estado a responder como cualquier
otro servidor público, el procurador Alejandro Ordóñez socializa con los
colombianos los 45 interrogantes:
4. ¿Garantizará el Gobierno Nacional que en
el Acuerdo las FARC se obligarán a entregar las miles de hectáreas que han
acumulado? La Superintendencia de Notariado y Registro encontró que un solo
predio de las FARC tiene 290.000 hectáreas. ¿Cómo se asegurará que la
distribución de esas tierras no se haga a los miembros de las FARC? ¿O admite
el Gobierno que tales tierras se entregarían a desmovilizados y a sus familias?
5. ¿Cómo asegurará el Gobierno Nacional que
las comisiones que se vienen creando en la mesa de conversaciones sean
imparciales, equilibradas y sin sesgos ideológicos? ¿Se compromete el Gobierno
a que las próximas comisiones, si se crean, como el caso de la llamada Comisión
de Esclarecimiento solicitada por las FARC, tendrá una composición genuinamente
plural para que sus aportes sean legítimos?
6. ¿Acepta el Gobierno Nacional la conclusión
de las FARC de que la responsabilidad del conflicto es del Estado, conforme a
los informes de los “expertos” de la Comisión Histórica del Conflicto y de sus
Víctimas?
7. ¿Para el Gobierno Nacional el informe de
la Comisión de Histórica del Conflicto y sus Víctimas debe servir para ilustrar
o determinar el trabajo que en el futuro haga la Comisión de la Verdad, que se
establezca a través de una ley estatutaria?
8. ¿Se compromete el Gobierno Nacional a que
con el fin de firmar un Acuerdo con las FARC no se negocie un “relato”
compartido que defina la “naturaleza del conflicto”, las causas y
responsabilidades en el mismo, con pretensiones de verdad, en detrimento de la
verdad real, la judicial y la de las víctimas? ¿Está de acuerdo el Gobierno con
la narrativa que apunta a que en el país todos somos culpables de la violencia
y las atrocidades perpetradas en el marco del conflicto armado?
9. Frente a las garantías de no repetición.
¿Para el Gobierno Nacional “dejación de armas” significa “desarme total”
o qué contenido le da a esa expresión? ¿Qué significado le da a la expresión
“silenciar los fusiles” que han utilizado simultáneamente voceros gubernamentales
y miembros de las FARC en La Habana?
10. ¿Admitirá el Gobierno Nacional que el
desarme sea un “proceso” largo o considera que debe ser inmediato a la firma
del Acuerdo con las FARC y previo a la refrendación del mismo?
11. Respecto a la desmovilización de las
FARC. ¿El Gobierno Nacional incluye las estructuras de milicias o las llamadas
redes de apoyo al terrorismo, los integrantes del PC3, los miembros del
movimiento bolivariano por una nueva Colombia, las estructuras de trabajo de
masas y el entramado construido por la organización en el marco de la
combinación de todas las formas de lucha? ¿O sólo los encuadrillados en
guerrillas?
12. ¿El Gobierno admitirá que la
desmovilización sea un “proceso” largo o considera que debe ser inmediata a la
firma del Acuerdo con las FARC y previa a la refrendación del mismo?
13. ¿Para el Gobierno Nacional “desmovilizar”
y “dejación de armas” es desarticulación de las FARC como aparato armado y
violento? ¿O, como lo señaló Jesús Santrich, se avalará que después de la firma
de un Acuerdo las FARC mantengan la “cohesión en el ámbito territorial y
social”, esto es, que no se desarticulen?
14. ¿Cómo hará el gobierno para evitar que la
suspensión de los bombardeos contra las FARC termine por beneficiar al ELN y a
las Bacrim. En ciertas zonas del territorio nacional tales grupos actúan
coordinadamente y en algunos casos desarrollan actividades criminales concretas
de forma conjunta.
15. ¿Cuándo las FARC se muevan con miembros
del ELN o de Bacrim estos últimos tendrán blindaje ante los bombardeos y se
beneficiarán con la orden dada por el presidente? ¿O en esos casos la Fuerza
Pública podrá bombardearlos?
16. ¿Por qué el Gobierno Nacional exige
en rueda de prensa únicamente al ELN y las Bacrim que no sigan instalando
minas, pero no hace lo mismo con las FARC? El Acuerdo sobre desminado suscrito
con ese grupo no lo compromete a que de forma absoluta, en todo el territorio
nacional, no siga instalando minas antipersonales, ni empleando artefactos
explosivos improvisados.
17. ¿Por qué en el reciente Acuerdo no se
compromete a que miembros de las FARC sean quienes directamente hagan el
desminado, bajo el monitoreo de las Fuerzas Militares? ¿Por qué se prefirió
exponer a los soldados en esa tarea?
II. FRENTE AL ESTADO DE DERECHO Y LAS
OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO
18. El Gobierno Nacional ha señalado que el
proceso de paz se adelanta en el marco del ordenamiento jurídico. ¿Va a acatar
el gobierno las sentencias de la Corte Constitucional que fijan límites al
marco jurídico para la paz o cree que éstos se deben o pueden negociar con las
FARC?
19. En particular, ¿respetará el Gobierno
Nacional el límite impuesto por la Corte Constitucional al prohibir que se
suspenda totalmente la ejecución de la pena respecto a máximos responsables de
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio?
20. ¿Respetará el Gobierno Nacional los
límites fijados por la Corte Constitucional frente a la conexidad con el delito
político? ¿Cree el Gobierno que los delitos atroces, las graves violaciones a
los derechos humanos, el secuestro, la desaparición y los crímenes de guerra
son conexos con la rebelión? ¿O la propuesta del Gobierno de “rediscutir” las
sentencias busca remover esos límites?
21. ¿Considera el Gobierno Nacional que las
conductas vinculadas con el narcotráfico y el lavado de activos pueden ser
delitos conexos con el delito político?
22. ¿ Está de acuerdo el Gobierno Nacional en
que al calificar las conductas relacionadas con el narcotráfico, cuando sean
realizadas por las FARC, como delitos conexos con la rebelión se aplicaría la
prohibición de extradición por delitos políticos, consagrada en el artículo 35
de la Constitución?
23. ¿Respeta el Gobierno Nacional los
criterios expresados por la fiscal ante la Corte Penal Internacional frente a
la necesidad de que exista proporcionalidad entre la gravedad del crimen
cometido y la pena a cumplir?
24. Específicamente, ¿se compromete el
Gobierno a que existan penas de cárcel efectivas para los crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra, genocidio y graves violaciones a los derechos
humanos? ¿O considera el Gobierno que los responsables de esos crímenes atroces
pueden ser sancionados solo con trabajo social y pedidas de excusas públicas?
25. ¿Habrá pena de cárcel efectiva para alias
‘El Paisa’ por el atentado terrorista contra el Club El Nogal? ¿Habrá pena de
cárcel efectiva para alias Pablo Catatumbo por la masacre de los 11 diputados
del Valle del Cauca? ¿Habrá pena de cárcel efectiva para los integrantes del
Secretariado de las FARC por el asesinato de 119 personas en Bojayá, para no
hablar de los al menos 2.760 desaparecidos por ese grupo, el reclutamiento de
miles de niños y la práctica de aborto forzado en sus filas?
26. ¿Finalmente, acogerá el Gobierno Nacional
la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la
necesidad de que las leyes estatutarias que desarrollen el Marco Jurídico para
la Paz se adecuen a las obligaciones internacionales del Estado colombiano,
entre ellas a que se investiguen y sancionen efectivamente las graves
violaciones a los Derechos Humanos, independiente de que estas tengan la
connotación de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio?
27. ¿Exigirá el Gobierno Nacional para firmar
un Acuerdo que las FARC entreguen rutas e información sobre sus socios, dentro
y fuera del país, en el negocio ilícito de tráfico de cocaína?
28. ¿Está dispuesto el Gobierno Nacional a
acordar con las FARC mecanismos que pretendan blindarlos ante las solicitudes
de extradición a los Estados Unidos que están vigentes y las solicitudes
futuras? ¿Cuáles son esos mecanismos, en concepto del Gobierno?
III. FRENTE A ASPECTOS INSTITUCIONALES
29. ¿Cómo desmontará el Gobierno los
mecanismos de control social y territorial que mantienen las FARC en algunas
regiones, distintos a la presencia armada?
30. ¿Cómo se asegurará de que, en virtud del
principio de “participación ciudadana”, que aparece en los Acuerdos, las
organizaciones comunitarias creadas por las FARC como mecanismos de control
social, político y territorial no se conviertan en los aparatos que ejecuten
los programas gubernamentales en esas zonas, entre ellos los relacionados con
la tierra? ¿O el Gobierno está de acuerdo en que así suceda?
31. ¿Cómo se va a garantizar el derecho de
los ciudadanos que viven en territorios que coincidan con las circunscripciones
transitorias de paz a escoger libremente partidos políticos o a ser candidatos
en esas circunscripciones? ¿Cómo se evitará que los aparatos creados por las
FARC en esos territorios se apropien de esas circunscripciones?
32. ¿El modelo de seguridad o los acuerdos en
materia de seguridad que se adopten con las FARC incluyen legalizar “Guardias
Campesinas” como la de El Catatumbo, bajo la figura de “policía rural” o
cualquier otra figura jurídica?
33. ¿Cuál es la posición del Gobierno
Nacional con relación a que miembros desmovilizados de las FARC hagan parte de
organismos responsables de la seguridad en los territorios más afectados por el
conflicto armado y donde precisamente ese grupo ha tenido presencia?
34. En concepto del Gobierno Nacional, ¿una
vez firmado el Acuerdo con las FARC el Ejército Nacional se dedicará exclusivamente
al cuidado de las fronteras?
35. ¿Considera el Gobierno Nacional que el
trato diferenciado que conforme al Marco Jurídico para la Paz se dará a los
miembros de la fuerza pública debe ser más, igual o menos severo en materia de
penas que el que se aplique a los integrantes de las FARC? ¿Cuándo los
homicidios en persona protegida fueron ejecutados por miembros de las FARC
estarían comprendidos en el ámbito de la justicia transicional que se les
aplicará?
36. ¿Qué garantías considera el Gobierno Nacional
se deben otorgar a los miembros de la fuerza pública injustamente procesados
penalmente por delitos que no han cometido y que no cabrían en el marco de
justicia transicional, que exige aceptar la comisión precisamente de esos
delitos? ¿Se les aplicaría el Código Penal ordinario mientras a quienes sí han
perpetrado crímenes atroces se les otorgarían penas alternativas?
37. ¿El Gobierno Nacional considera que los
homicidios en persona protegida, conocidos periodísticamente como “falsos
positivos” perpetrados por integrantes de la fuerza pública deben hacer parte
de la justicia transicional?
38. Las FARC condicionaron lo que denominan
cese unilateral de hostilidades a no ser atacados por la fuerza pública. El
Gobierno Nacional ha dicho que las FARC están cumpliendo ese cese. ¿Se
mantienen al mismo ritmo las operaciones militares y los operativos de policía
en contra de estructuras de las FARC o disminuyó su intensidad?
39. ¿Sostendrá el Gobierno Nacional su
decisión inicial de acceder a un cese bilateral únicamente como consecuencia de
la firma de un Acuerdo de Terminación del Conflicto? ¿O considera que antes se
podría hacer un cese bilateral? En ese caso, ¿qué garantías considera el
Gobierno deben existir para evitar que se trata de una maniobra de las FARC en
procura de su fortalecimiento militar?
40. Sobre refrendación. ¿El Gobierno Nacional
está comprometido con que sean los ciudadanos, mediante voto directo, quienes
participen en el mecanismo de refrendación de los Acuerdos con las FARC o considera
que no es necesario?
41. ¿Para aplicar el mecanismo de
refrendación el Gobierno Nacional exigirá la previa desmovilización total y el
desarme absoluto o considera que se puede llevar a cabo con las FARC armadas y
sin desmovilizarse?
42. ¿Respetará el Gobierno la sentencia de la
Corte Constitucional que ordena que el referendo sólo podrá ser aplicado en
caso de que haya dejación de armas y desmovilización, en las condiciones
señaladas en el Marco Jurídico para la Paz?
43. ¿Mantendrá el Gobierno Nacional la
decisión de adelantar conversaciones indefinidas con las FARC para firmar un
Acuerdo? ¿O considera que debe haber una fecha límite?
44. ¿Qué garantías exigirá el Gobierno
Nacional para impedir el proselitismo armado de las FARC para las elecciones de
octubre de 2015?
45. ¿Por qué el Gobierno Nacional insiste en
dividir artificialmente a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la
paz?
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