NÚMERO 231 JUNIO 11 DE 2014 (MIÉRCOLES)
Director
Galardonados con la
1ª entrega de los premios
ANTURO
SANTOS GANÓ 8.000 MILLONES EN SU
PRIMER AÑO DE GOBIERNO,DICE EL EXMINISTRO LONDOÑO
Categoría: Economía home Publicado el Martes, 10 Junio 2014
16:13
Escrito
por José Manuel Jaimes Espinosa Visitas: 125
En 2.009 tenía 23.326 millones de pesos y en 2.011 resultó con 34.000 millones, según la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.. Todo a travez de una Sociedad Anónima VANCE S.A.. con su Señora y su hijo mayor, SEGÚN EL EXMINISTRO Fernando Londoño Hoyos EN SU NOTICIERO en RCN ;Quien además se pregunta, si habrá pagado impuestos por esa ganancia de 8.000. millones en desarrollo de sus negocios de COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES, que desarrolla la sociedad según la CAMARA DE COMERCIO.
En todo caso lo
único claro es que el PRESIDENTE DE LOS COLOMBIANOS,es uno de los hombres más
ricos del país,sin contar lo que tenga en el exterir,como la mayoría de
potentados de Colombia.
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¿A QUÉ SE DEBE LA RUINA DE
VENEZUELA?
El régimen que se sienta sobre las reservas de
petróleo más grandes del mundo es incapaz de pagar sus deudas debido a un gasto
excesivo y una política monetaria irresponsable.
Nicolás Maduro heredó las
bases políticas de Hugo Chávez: sectores de los pobres de Venezuela que han
recibido limosna del gobierno desde 1999. El desorden social debido a la
escasez y la inflación ponen a prueba a la economía socialista, pero el régimen
perdería el apoyo de sus bases si recorta el gasto para solucionar estos
problemas.
Programas sociales de
vivienda, salud y trabajo que tienen un costo enorme para el régimen son
también su cimiento político y se han convertido en una adicción. El
régimen está adicto también a subsidiar la gasolina, haciéndola más barata
que el agua. Cada barril de petróleo que PDVSA regala en Venezuela es un
barril que no vende al precio del mercado internacional.
Estas adicciones se han vuelto
prohibitivas.
El gasto excesivo resultó
en un déficit fiscal de 45 mil millones de dólares (MM USD), algo como el 11%
del PIB y más del doble de las reservas internacionales de Venezuela. La deuda
externa está por el orden de 75 MM USD, 17.5 MM USD de los cuales debe pagar en
2014. El gobierno le debe otros 13 MM USD a empresarios venezolanos por
importaciones autorizadas y bloqueó la repatriación de 3.3 MM USD por tiquetes
de avión vendidos en bolívares en enero de 2014, obligando a algunas aerolíneas
a salir del mercado venezolano.
Una línea de crédito cada
vez más tenue hace más difícil que el régimen financie su déficit con deuda.
Tras cortar relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
en 2007, Venezuela se ha ido endeudando con China y pagando con petróleo. Al
menos 350 mil barriles por día (BPD) de la producción actual están
comprometidos a pagar esta deuda, reduciendo los ingresos del régimen. Las
ventas con descuentos y a cambio de comida a aliados regionales sumadas a los
subsidios internos hacen que sólo generen divisas la mitad de la
producción de 2.8 millones BPD (que en 1999 era de 3.5 millones BPD).
Preocupados que estos dólares los usen para pagar importaciones en vez de hacer
los pagos que corresponden a su deuda en bonos, los inversionistas piden un
retorno para comprar bonos venezolanos denominados en dólares 13% mayor
que los bonos del tesoro estadounidense, el segundo costo de crédito más alto
del mundo después de Argentina.
Los inversionistas tienen
razón al preocuparse. La industria venezolana está estancada. Las fábricas de
automóviles y químicos que quedaban están colapsando debido a las restricciones
para comprar dólares que impiden que compren insumos. Venezuela importa al
menos la mitad de su comida y la escasez para los primeros dos meses del
año fue del 47.7%, de acuerdo con la consultora Datanálisis. Demorar las
importaciones para pagar intereses sobre los bonos incrementaría la escasez y
el desorden social.
Preocupado por estar
financiando su déficit con reservas internacionales y deuda, el régimen ha
recurrido a imprimir bolívares. Hoy hay siete veces más bolívares en
circulación de los que había hace cinco años. Cada bolívar que el régimen
imprime para financiar su nómina y sus programas sociales reduce el valor de
los que están en circulación. Se llama inflación, y Venezuela tiene la más alta
del mundo en 57%.
El abuso de la imprenta
también implica que el bolívar pierde valor contra el dólar. El régimen trató
de fijar el tipo de cambio en 2,15 bolívares por dólar en 2008, después
devaluándolo a 4,3 y 6,3 en 2010 y 2013. A pesar de acrobacias con un tipo de
cambio múltiple, el régimen ha sido incapaz de amarrar al mercado por decreto.
El dólar se vendió a 87 bolívares en febrero de 2014.
Aquellos con acceso a
dólares que vende el gobierno a 6.3 bolívares pueden falsificar papeles de
importación y venderlos en el mercado negro con ganancias obscenas. Los menos
afortunados que envían remesas a sus familiar en Colombia o tienen que comprar
importaciones a costos de mercado negro están financiando este negocio
corrupto, y cansándose de ello.
Si el régimen deja de imprimir
bolívares, tendría que cuadrar caja por otro lado, cobrando impuestos o
reduciendo el gasto público. Cualquiera de los dos sería un suicidio político.
El régimen tiene un problema grave: no tiene con qué mantener sus políticas
económicas, pero su supervivencia política depende de ellas.
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MAQUINARIA Y OPINIÓN
El 15 de junio Colombia no escogerá entre izquierda
y derecha, ni guerra y paz, sino entre voto de maquinaria o de
opinión.
Ni Oscar Iván Zuluaga es
de ultraderecha ni Juan Manuel Santos es de izquierda, como pregonan los
críticos de los candidatos en vísperas de la segunda vuelta de elecciones
presidenciales en Colombia. Lo que sí diferencia a los candidatos es que
toda la maquinaria política tradicional está con Santos, y que el voto de
Zuluaga es de opinión.
Los planes de
gobierno de los dos
candidatos no tienen diferencias ideológicas marcadas. El de Zuluaga usa
las palabras
"social," "familia," "salud" y
"educación" con mayor frecuencia que "seguridad" o
"crimen." Usa la frase "derechos humanos" seis veces
mientras el plan de gobierno de Santos no la menciona. La propuesta
bandera de Zuluaga en materia de educación es de financiar almuerzos en
colegios públicos. En cuanto a sus propuestas, es claro que Zuluaga
no es un candidato de extrema derecha o guerrerista. El programa de Santos
usa la sigla "LBGTI" con mayor frecuencia que la palabra
"militar," pero en general su lenguaje no demuestra una fuerte
inclinación hacia la izquierda.
La diferencia
fundamental que perdura entre los dos candidatos es el apoyo de caciques
políticos que han recibido.
A Santos lo apoyan personajes tan disparejos como el progresista Gustavo Petro,
defensor de la comunidad LGBTI y el conservador Roberto Gerlein, quien ante el
Congreso calificó de "sucio, asqueroso y excremental" el sexo entre
homosexuales. Lo apoya Piedad Córdoba y su Marcha Patriótica, partido que el
Ministro de Defensa de Santos acusó de ser financiado por las FARC sin que el
presidente lo desmintiera. Lo acompañan también Antanas Mockus del Partido
Verde, cuyo estandarte político es la lucha contra la corrupción, al igual que
el Ñoño Elías y Musa Besaile, los congresistas más votados del partido de la U,
famosos por su talento para convertir en votos la burocracia y los
recursos del Estado. La senadora electa del partido verde Claudia
Lopez anunció que votaría por Santos aunque uno de sus más fieles aliados sea
el expresidente Ernesto Samper, quien demandó a Lopez por vincularlo en una
columna de opinión con el homicidio de la "monita retrechera" y
acusarlo de venderse a la mafia y comprar al congreso.
Los caciques de los
partidos se odian, pero todos apoyan a Santos.
A Zuluaga lo apoyan
abiertamente la excandidata conservadora Marta Lucía Ramírez y el
expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ramírez fue la primera ministra de defensa de
Uribe cuando inició el gobierno de la Seguridad Democrática, que Zuluaga
propone recuperar.
En la última encuesta de
Gallup antes de la primera vuelta de las elecciones, los encuestados expresaron
su intención de voto en diferentes escenarios de una posible segunda vuelta
contra Santos. Los datos están discriminados por el partido con el que más se
identifica el encuestado. Los que se identifican con el Centro
Democrático, Polo Democrático, Alianza Verde y el Partido Conservador votaban
contra Santos en todos los escenarios.
Lo sorprendente de este
resultado es que ante una segunda vuelta entre Santos y Clara López,
el electorado del Centro Democrático que algunos acusan de ultraderecha tenía
la intención de votar por la candidata izquierdista. Ante una segunda vuelta
entre Santos y Zuluaga, el electorado del Polo Democrático se divide casi
igualmente entre Santos, Zuluaga y el voto en blanco, mientras el electorado
verde apoyaría a Zuluaga.
Al parecer el voto de
opinión no acompaña a los caciques. Tal vez esto se deba a que por cada
colombiano que tiene una buena opinión de los partidos políticos y el congreso,
hay dos que los desprecian. Solo el sistema judicial y las FARC tienen
peor imágen. A los colombianos no les gusta la maquinaria política.
A Santos lo ha derrotado
dos veces el voto de opinión. La primera, durante la convención conservadora
del 26 de enero cuando las bases del partido conservador se rebelaron contra
sus caciques, quienes desde entonces apoyaban a Santos, y eligieron como
candidata a Marta Lucía Ramírez. La segunda, en la primera vuelta de las
elecciones presidenciales, cuando Zuluaga lo superó por cuatro puntos
porcentuales, "sin gobierno, sin congreso, sin cupos indicativos, sin
ministerios, sin fiscalía," como twiteó el periodista Julio Sánchez
Cristo, quien no se destaca por Zuluaguista.
La segunda vuelta electoral
no es una contienda entre izquierda y derecha. Es entre maquinaria y opinión.
Si prevalece la maquinaria, Santos tendrá cuatro años para pagar favores
electorales con cupos indicativos, cargos burocráticos, regalías y contratos
del gobierno. Si prevalece el voto de opinión, Zuluaga sabrá que le debe su
presidencia a un electorado que le exige resultados en materia de empleo,
salud, seguridad y educación.
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La campaña por la
reelección de Santos se enfoca en las negociaciones de La Habana porque
tiene pocos resultados que mostrar en los temas de fondo.
Es curioso que el tema
central de la campaña por la reelección del Presidente Juan Manuel Santos sea
uno que le interesa poco a los colombianos. Más curioso es que su promesa de
paz no es una decisión que pueda tomar como presidente, sino que ha estado
siempre en manos del crimen organizado.
Los expresidentes
Belisario Betancourt y Andrés Pastrana tuvieron las mejores intenciones
tendiéndole la mano a organizaciones criminales, pero de buenas intenciones
está empedrado el camino al infierno. Si fuera tan fácil y la decisión
estuviera en manos de un presidente, uno de los doce que han gobernado a
Colombia desde que se fundaron las FARC hubiera preferido la paz a la guerra.
Dos de los expresidentes que apoyan la reelección de Santos - César Gaviria y
Ernesto Samper - deberían explicar por qué escogieron la guerra.
Claramente no es el caso,
y el futuro de las negociaciones de La Habana que lidera Santos dependen
de la voluntad de las FARC, no del gobierno. Mientras acepten entregar sus
armas y someterse a la justicia, el gobierno puede ofrecer reducción de penas,
protección a sus familiares y participación política a quienes no hayan
cometido crímenes contra la humanidad. Mientras sigan haciendo terrorismo, el
gobierno está obligado a defender a su gente.
Los colombianos tienen
opiniones curiosas respecto al proceso de La Habana. La mayoría de los
encuestados por Gallup en mayo está de acuerdo con que continúen pero no
con que se le entregue a las FARC lo que piden. Tampoco creen que las
conversaciones traerán el fin de la violencia.
Es igualmente
curioso que los medios se enfoquen tanto en este tema cuando los colombianos no
lo consideran de mayor importancia. Sólo el 5% de los encuestados cree que
lograr un acuerdo con la guerrilla es el principal problema que debe ser resuelto por el próximo
presidente de Colombia. Es la séptima prioridad, tras el desempleo, la salud,
la delincuencia, la educación, la corrupción y la pobreza.
A Zuluaga lo apoyan
abiertamente la excandidata conservadora Marta Lucía Ramírez y el
expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ramírez fue la primera ministra de defensa de
Uribe cuando inició el gobierno de la Seguridad Democrática, que Zuluaga
propone recuperar.
En la última encuesta de
Gallup antes de la primera vuelta de las elecciones, los encuestados expresaron
su intención de voto en diferentes escenarios de una posible segunda vuelta
contra Santos. Los datos están discriminados por el partido con el que más se
identifica el encuestado. Los que se identifican con el Centro
Democrático, Polo Democrático, Alianza Verde y el Partido Conservador votaban
contra Santos en todos los escenarios.
Lo sorprendente de este
resultado es que ante una segunda vuelta entre Santos y Clara López,
el electorado del Centro Democrático que algunos acusan de ultraderecha tenía
la intención de votar por la candidata izquierdista. Ante una segunda vuelta
entre Santos y Zuluaga, el electorado del Polo Democrático se divide casi
igualmente entre Santos, Zuluaga y el voto en blanco, mientras el electorado
verde apoyaría a Zuluaga.
Al parecer el voto de
opinión no acompaña a los caciques. Tal vez esto se deba a que por cada
colombiano que tiene una buena opinión de los partidos políticos y el congreso,
hay dos que los desprecian. Solo el sistema judicial y las FARC tienen
peor imágen. A los colombianos no les gusta la maquinaria política.
A Santos lo ha derrotado
dos veces el voto de opinión. La primera, durante la convención conservadora
del 26 de enero cuando las bases del partido conservador se rebelaron contra
sus caciques, quienes desde entonces apoyaban a Santos, y eligieron como
candidata a Marta Lucía Ramírez. La segunda, en la primera vuelta de las
elecciones presidenciales, cuando Zuluaga lo superó por cuatro puntos
porcentuales, "sin gobierno, sin congreso, sin cupos indicativos, sin
ministerios, sin fiscalía," como twiteó el periodista Julio Sánchez
Cristo, quien no se destaca por Zuluaguista.
La segunda vuelta electoral
no es una contienda entre izquierda y derecha. Es entre maquinaria y opinión.
Si prevalece la maquinaria, Santos tendrá cuatro años para pagar favores
electorales con cupos indicativos, cargos burocráticos, regalías y contratos
del gobierno. Si prevalece el voto de opinión, Zuluaga sabrá que le debe su
presidencia a un electorado que le exige resultados en materia de empleo,
salud, seguridad y educación.
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La crisis de seguridad del
sector productivo más crítico para Colombia está ausente en el debate público
en vísperas de elecciones presidenciales.
El Oleoducto Caño Limón-Coveñas lleva desde el 25 de marzo sin operar
debido a una voladura en Toledo, Norte de Santander. Ecopetrol duró un mes sin
poder repararlo, pues indígenas U’wa que viven en el lugar reclamaban dos
billones de pesos para permitírselo. La suspensión del bombeo ha costado quince
mil millones de pesos cada uno de los 45 días que han pasado desde el ataque.
Obligó a Ecopetrol a declarar fuerza mayor en sus contratos de entrega de crudo
en Coveñas, ocasionó el despido de quinientos trabajadores de OXY en Arauca, y
demandó la presencia de dos ministros, dos viceministros y el presidente de
Ecopetrol para negociar con los U’wa. Resaltó también el asedio que sufre el
petróleo en Colombia en manos del terrorismo.
El gobierno llegó a un acuerdo con los U’wa para que permitieran reparar el tubo el 1 de mayo, pero eso claramente no soluciona el problema. Es mismo día, el ELN voló el oleoducto nuevamente en Cubará, Boyacá y en Arauquita, Arauca. Tres días antes, incineró 12 vehículos de Ecopetrol que transportaban crudo en Tibú, Norte de Santander. El 5 de mayo las FARC lanzaron cilindros bomba e incendiaron un depósito de petróleo en San Miguel, Putumayo.
El asedio contra el sector petrolero es generalizado y sistemático.
En 2013 hubo 259 voladuras de oleoductos, más de una cada tercer día y un incremento del 72% respecto a 2012. El incremento se debe tal vez a una campaña de las FARC para atacar infraestructura crítica del Estado y ganar ventaja en las negociaciones de La Habana. Puede ser presión del ELN por ganar los mismos beneficios que esté ofreciendo el gobierno a las FARC, o una disminución en la acción ofensiva de la fuerza pública que da espacio para que el terrorismo ataque los oleoductos. Lo más probable es que ocurra por una combinación de estos tres factores.
No es consuelo que en el primer trimestre de 2014 hubiera 33 ataques, una reducción del 43% respecto al primer trimestre de 2013. En 2008, 2009 y 2010 hubo menos ataques al año que durante este primer trimestre. Las voladuras fueron ocho veces más frecuentes en 2013 que en cada uno de esos años. En la primera semana de abril, ya terminado el trimestre, hubo seis ataques más contra oleoductos en Colombia.
Quienes más sufren por los ataques son las comunidades que rodean las zonas aisladas de producción y transporte de hidrocarburos, y son de las más vulnerables que hay en Colombia. Los indígenas U’wa son una de ellas, al igual que los demás habitantes del Catatumbo. También lo son los 12 mil habitantes de Puerto Asís, Putumayo que en enero duraron tres semanas sin agua potable por la contaminación de la quebrada Agua Negra por una voladura del Oleoducto Trasandino. En el mismo municipio, las FARC obligaron a los conductores de 18 vehículos a derramar 4.500 barriles de petróleo en la vía en noviembre de 2013, causando otra emergencia ambiental. Los trabajadores del sector que sufren los despidos, extorsiones, secuestros y homicidios son también gente humilde.
Sin embargo, el asedio no afecto solo a estas comunidades, pues el sector petrolero es el más importante de la economía colombiana. Generó directamente en 2013 la cuarta parte los ingresos del Estado en impuesto a la renta que paga el sector, dividendos de Ecopetrol, regalías y derechos por contratos. La cuarta parte de la infraestructura, educación, salud, seguridad, vivienda, pensiones y demás gastos que incurre el gobierno salen de un pozo de petróleo y recorren parte de los 8.500 kilómetros de oleoductos que tiene el país. El 58% del valor de las exportaciones colombianas viene del crudo y sus derivados, ingresos que financian a otros sectores de la economía como el comercio, la construcción y los servicios. Los fondos de pensiones colombianos – es decir, los pensionados y trabajadores que hacen aportes para recibir una pensión – son dueños de cerca del 10% de Ecopetrol, cuyo valor ha caído un 43% en los últimos dos años.
La crisis petrolera es grave y afecta directamente a todos los colombianos. Por eso es un misterio que en vísperas de elecciones presidenciales no sea una prioridad urgente de la opinión pública. La prensa se ocupa más de acusaciones y escándalos que de debates que propongan un camino para solucionar las crisis de petróleo, el sector agrario y la seguridad.
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INCONSISTENCIAS EN
LAS CIFRAS DE SEGURIDAD EN COLOMBIA
INCONSISTENCIAS EN
LAS CIFRAS DE SEGURIDAD EN COLOMBIA
El primer paso en el camino
hacia la recuperación es admitir que uno tiene un problema. El gobierno de
Colombia se niega a aceptar que la seguridad de su gente se está deteriorando.
El Ministerio de
Defensa de Colombia presenta mensualmente un documento que recopila las
cifras de seguridad en el país llamado, “Logros de la Política Integral de
Seguridad y Defensa para la Prosperidad – PISDP.” Las inconsistencias en
estas publicaciones de un mes a otro producen serias dudas sobre su
validez. Activistas y candidatos políticos pueden usar las cifras
que presenta el mismo gobierno para elogiar el éxito o denunciar el
fracaso de las mismas políticas de seguridad y el desempeño de la Fuerza
Pública.
Lo cierto es que de
acuerdo a las cifras oficiales, los colombianos no tenemos ni idea si
nuestro país mejora o empeora en materia de seguridad. En marzo de 2014,
el Ministerio de Defensa publicó el documento actualizado hasta enero
de este año. Viendo sólo este documento, las cifras son alentadoras. Sin
embargo, al examinar el documento actualizado hasta dos meses antes –noviembre
de 2013 –está claro que en ese lapso de tiempo hubo una importante revisión de
las cifras de 2012 a la cual se le debe gran parte de la tendencia
favorable entre 2012 y 2013 para el cierre de 2013.
Un ejemplo
claro son las cifras de homicidio, que son las más citadas por los medios de comunicación y
la academia debido al alto impacto social del delito, la facilidad de
comparar de un país a otro usando una cifra que se mide de forma similar,
y la relativa dificultad para manipular estos datos (comparado con otros
delitos, como extorsión o hurto, donde en muchos casos la única evidencia
del delito es una denuncia). El documento actualizado hasta enero de 2014
muestra una reducción del 7.34% al pasar de 16.440 homicidios en 2012
a 15.234 en 2013. Sin embargo, dos meses antes, la cifra publicada para
2012 no era 16.440, sino 15.038 homicidios. Usando la cifra publicada
hasta noviembre de 2013, no hubo reducción sino un aumento del 1.3% en los
homicidios. Esa cifra sería más consistente con las encuestas de opinión, que
muestran que la mayoría de los colombianos desaprueba de la gestión de su
gobierno en materia de inseguridad.
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Espero que hayan disfrutado de su
Contenido, hasta pronto…
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Google, GUACAICA.COM, DIARIONACIONAL.COM, EL COLOMBIANO, El Barquero de EJE 21, EL TIEMPO, EL
ESPECTADOR, EL CAMPANARIO, LA BARCA DE CALDERÓN, EL OBSERVATORE
ROMANO, de la página no censurada de JUAN GUERRA, CLARIN desde Argentina,
EL UNIVERSO desde Ecuador, EL INFORMADOR desde Santa Marta, PORTAFOLIO,
Juan Gossaín, DINERO, DIARIO DE AMÉRICA, PERIODISMO SIN FRONTERAS y
demás prensa lo mismo que los correos que llegan vía email. Si hay
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